El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, consideró que “de manera implícita, el regreso de los diputados 'chavistas' es un reconocimiento claro” tanto al Parlamento como a él mismo como presidente encargado de Venezuela.

Los diputados del llamado Bloque de la Patria, que incluye al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, se reincorporaron este martes a la legítima Asamblea Nacional, en cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados por el régimen de Nicolás Maduro y partidos minoritarios de la oposición venezolana en una recién instalada mesa de diálogo.

Se trata de cerca de 40 diputados oficialistas que incluyen a los exministros Francisco Torrealba, Hugbel Roa y Ricardo Molina y al expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino, así como algunos miembros de la Asamblea Constituyente. “¡Chávez vive, la patria sigue!” y “¡Leales siempre, traidores nunca!”, gritaron al irrumpir en el hemiciclo.

     

Torrealba, que ha asumido el cargo de coordinador de la bancada oficialista, explicó que “el Bloque de la Patria viene a la Asamblea Nacional a cumplir con el pueblo por la paz”. “Estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo, para ayudar a la reinstitucionalización de este poder que destruyó la mayoría de la derecha”, dijo.

Los oficialistas fueron recibidos con gran expectación por parte de sus pares opositores. Sin embargo, la primera polémica no tardó en surgir al negarse la bancada opositora a readmitir como diputados a quienes ya ejercen otros cargos públicos, una decisión que los oficialistas han querido dejar en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Por lo írrito del órgano que pretende usted que interprete la Constitución como por el planteamiento de fondo (…) usted no tiene razón y los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos ya no son diputados y punto”, sentenció el diputado Henry Ramos Allup.

El parlamentario aprovechó para explicar que el TSJ de Maduro violó la Carta Magna al modificar el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento, una acción ilegal pues este solo puede ser modificado por los integrantes del cuerpo legislativo.

“Son ustedes quienes no la respetan. Son ustedes quienes la violan. Son ustedes quienes la han ensuciado y han empuercado, haciendo posible esta tragedia en la que ustedes han convertido a Venezuela y eso es lo que ustedes no pueden debatir. Y se puede parar en esa tribuna el mejor de los oradores, y jamás podrán ustedes justificar la torta que han puesto en estos 20 años, habiendo dispuesto de una cantidad inimaginable de recursos, y sin haber tenido durante mucho tiempo contrapesos importantes porque ejercieron el poder total, y lo ejercieron de tal manera, que convirtieron a nuestro país en un pudridero”, aseguró.

El presidente de la Asamblea Nacional y quien asumió como mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, consideró que “de manera implícita, el regreso de los diputados chavistas es un reconocimiento claro” tanto al Parlamento como a él mismo.

El regreso del oficialismo a la sede legislativa obedece al acuerdo alcanzado el pasado 16 de septiembre entre el gobierno de Maduro y cuatro partidos para emprender un nuevo diálogo, que incluía ya pactos concretos como la vuelta del oficialismo a la Asamblea Nacional, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la liberación de presos políticos.

Este acuerdo fue rechazado por Guaidó, que aglutina a la mayoría de la oposición venezolana, porque considera que es una maniobra política de Maduro para no tener que aceptar la propuesta realizada en el proceso de Oslo y Barbados, que pasa por establecer un gobierno de transición en el que no estén presentes ninguno de los dos para guiar al país a unas elecciones presidenciales “reales”, reactivar la economía y permitir el acceso a la ayuda humanitaria.

El líder opositor dio por “agotado” el diálogo que se desarrolló entre mayo y agosto en Oslo y Barbados, pero aclaró que la oferta que hizo entonces a Maduro sigue vigente, retando al presidente venezolano a explicar por qué no acepta lo que sería una “solución real” a la crisis política, económica y humanitaria que arrastra la nación caribeña.

“Vienen aquí a hablar de diálogo: el régimen usurpador se levantó del proceso negociador. Por otra parte, ustedes dejaron al pueblo amazónico sin parlamentarios”, expresó la diputada Delsa Solórzano.

 
“Tanto nadar para morir ahogados en la orilla. Tanta pirueta, tanta maroma, tanta trapisonda, y aquí están. ¡Aquí están!”, sentenció Ramos Allup, en medio de los aplausos de la bancada opositora
 


Dos años después

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), logró una histórica victoria en las elecciones parlamentarias de 2015 que se tradujo en una súper mayoría de 112 diputados que le permitía controlar y renovar a las máximas autoridades del Estado, incluido el gobierno de Maduro.

El triunfo electoral de tres diputados del estado Amazonas fue impugnado por el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto fraude. Tras meses de controversia, finalmente renunciaron a sus escaños para evitar que la coalición opositora perdiera la súper mayoría.

Sin embargo, el TSJ declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional y mantuvo su decisión pese a la salida definitiva de los tres diputados amazónicos. En línea con la resolución judicial, los parlamentarios oficialistas abandonaron la sede legislativa en 2017, aunque algunos se fueron reincorporando después como disidentes.

La crisis institucional se consolidó ese mismo año con la instalación de una Asamblea Constituyente a propuesta de Maduro que está integrada exclusivamente por oficialistas, porque la coalición opositora decidió no participar en esas elecciones por considerar que la convocatoria y el propósito de la misma eran ilegítimas.

Desde entonces, oposición y chavismo permanecían separados y enfrentados en la legítima Asamblea Nacional y en la Asamblea Constituyente, que paradójicamente conviven en el mismo edificio, el Palacio Legislativo de Caracas. El Parlamento ha seguido legislando pero sus actos han sido declarados nulos por el TSJ y, por ende, el gobierno tampoco los ha reconocido.

Guaidó asumió como “presidente encargado” de Venezuela el pasado 23 de enero, precisamente, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, cargo que asumió ese mismo mes conforme a las normas de rotación interna de la coalición opositora, que adjudicaban el puesto a Voluntad Popular (VP), su partido político.