Nuevo ajuste salarial vuelve a violar el convenio número 26 sobre los métodos de fijación del salario mínimo, remarcando el incumplimiento del gobierno de este tratado, una situación advertida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe.

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La directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní) alertó este martes sobre los efectos nocivos que tendrá en la dinámica económica el reciente ajuste del salario mínimo de 275%, anunciado el lunes por el exministro de Trabajo, Francisco Torrealba. “La gente va a tener un salario que va a representar más números en sus cuentas bancarias pero va a comprar la misma cantidad de bienes y servicios y menos”, dijo el presidente del gremio empresarial, Luis Arturo Núñez.

La revisión del salario mínimo, que no se realizaba desde hace cinco meses, implicó un ajuste de Bs. 40 mil a Bs. 150 mil, monto al que se le suman Bs. 150 mil por bono de alimentación. El aumento se hizo nuevamente violando el convenio número 26 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla el diálogo social y la consulta tripartita. En un reciente informe, la Comisión de Encuesta de la OIT confirma el incumplimiento de este acuerdo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Núñez denunció que, una vez más, se excluyó a las organizaciones no afines al gobierno -empleadores y trabajadores- de los procesos de consulta y llamó la atención sobre la ausencia de claridad en torno al método de cálculo para determinar este ajuste general. “La gran pregunta que nos hacemos en Guayana es de dónde va a salir el dinero para pagar el aumento de salario de los trabajadores de una empresas básicas que se encuentran completamente detenidas”, cuestionó.

En este caso, afirmó que de acuerdo con la experiencia previa, estos recursos saldrán del Banco Central de Venezuela (BCV) en forma de dinero inorgánico, lo que elevará la liquidez monetaria y generará un efecto inflacionario. Pero, en lo concreto, no permitirá a los asalariados cubrir sus necesidades básicas en alimentación y medicinas.

“No puede ser que sean los empresarios privados los que tengan que pagar los platos rotos de una política económica completamente desacertada, que ha ido en ensayo y error en los últimos 20 años. El resultado de esa política es lo que vemos donde un fenómeno social que debería generar bienestar, que es el trabajo, es la mayor demostración de que el modelo económico fracasó”, expresó.

Núñez indicó que frente al aumento de la liquidez monetaria, debido a la emisión de dinero inorgánico, y la baja oferta de bienes y servicios, el resultado será más inflación. “El mercado es terco y si tenemos muchos bolívares y pocos bienes y servicios, habrá un comportamiento inflacionario”, alertó.

Este martes, el Fondo Monetario Internacional recortó a 200.000% la proyección de inflación de Venezuela al cierre de 2019, un número que sin embargo se sigue traduciendo en hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo y distorsiones económicas. “El comportamiento de la política económica ha sido completamente errado; en los próximos días, la situación que vamos a tener será de incremento en el precio de los bienes y servicios y en la tasa de cambio”, insistió el presidente de Camcaroní.

Enfatizó que este anuncio llega en un momento complejo para la economía regional por la crisis de desabastecimiento de combustible y la disminución del tráfico de clientes en los locales comerciales.

En ese contexto, el dirigente empresarial resaltó que es necesario llegar a un acuerdo político que permita un impulso de la productividad y el diálogo de los actores laborales y económicos en torno a la fijación de salarios. “El país necesita producir más, fijar condiciones adecuadas para producir e ir a salarios que se generen a razón de la productividad de las empresas”, puntualizó.

OIT: Fijación del SM sin consulta

La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo plasmó en un reciente informe, publicado hace una semana, el incumplimiento del convenio número 26 sobre los métodos de fijación del salario mínimo por parte de la administración de Nicolás Maduro.

La instancia destaca que si bien la situación hiperinflacionaria que ha vivido el país en los últimos tiempos vuelve extremadamente complicada la aplicación del convenio, en cuanto a la fijación de un salario mínimo que pueda cumplir con su función, “no es menos cierto que esta situación realza todavía más la importancia de la obligación de consulta con representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados para el establecimiento y antes de la aplicación de los sistemas de salarios mínimos”.

En el informe, la instancia señala que el gobierno negó los alegatos de ausencia de consulta tripartita y exclusión del diálogo social de las organizaciones no afines políticamente. El gobierno afirmó consultar de forma igualitaria a los interlocutores sociales sobre los distintos incrementos.

No obstante, la comisión observa que el gobierno no dio respuestas adecuadas a los “detallados alegatos de incumplimiento de la obligación de consultar la fijación de los salarios mínimos formulados tanto por parte de los querellantes como de la mayoría de centrales sindicales (salvo la Central Bolivariana)” e indica que, en algunas ocasiones, hubo apariencia de consulta, “pero a menudo mediante tentativas que claramente no podían tener esa finalidad -comunicaciones que se enviaban tarde (el mismo día o con posterioridad a la entrada en vigor del aumento) o consultas genéricas sin proporcionar informaciones o elementos con relación a la fijación salarial proyectada”.

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, agrega el informe, fue la única central sindical que afirmó que el gobierno cumplía con su obligación de consulta del salario mínimo, pero solo remitió como prueba el vídeo de una reunión con el gobierno, “el cual contiene únicamente un largo discurso del Presidente de la República a los líderes sindicales de esa central para exponer su plan de recuperación económica, sin evidencia de que se produjera consulta alguna”.

La comisión reiteró que la consulta debe ser más que una mera información y debe dar la posibilidad de influir en la decisión, “lo que, en efecto, no se produce cuando se consulta una vez que la fijación del salario mínimo en cuestión ya se ha formulado o anunciado, o ya ha entrado en vigor, como se denunció ante la comisión con relación a múltiples aumentos en los que el Gobierno alegaba que había consultado”.

El organismo agregó que una consulta real debe incluir plazos razonables y un mínimo de información sobre los métodos y las razones de la fijación que esté considerando el gobierno para que la consulta sea efectiva.