El líder indígena Eligio Dacista considera que toda actividad extractivista que promueva cualquier gobierno es una amenaza para los territorios de pueblos y comunidades indígenas.

El indígena del pueblo baniva Eligio Dacosta, coordinador de Orpia, la mayor organización indígena de Amazonas, rechazó que el régimen de Nicolás Maduro quiera aplicar el plan minero tricolor, asignándole una mina a cada Gobernación, y menos si a las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas de la entidad no se les ha hecho la consulta previa e informada sobre este tema.

El líder indígena insistió en que es falso que los pueblos indígenas hayan sido consultados para este y ningún otro proyecto minero.

Dacosta considera que toda actividad extractivista que promueva cualquier gobierno es una amenaza para los territorios de pueblos y comunidades indígenas.
El coordinador de Orpia ignora los detalles del plan minero tricolor anunciado por Nicolás Maduro, y espera que no sea una acción del gobierno para disfrazar la legalización de la minería ilegal o para aplicar la minería artesanal.

El indígena del pueblo baniva se manifestó defensor de la Amazonía y señaló que los pueblos indígenas no pueden ser desplazados, ni amenazados en sus territorios. Agregó que lo que necesitan de parte del gobierno es ayuda para proteger sus tierras, no para destruirlas.

Como alternativa a la minería, Eligio Dacosta propuso volver al conuco, a sembrar y a retornar a las formas ancestrales de sustento de los pueblos y comunidades indígenas.

Nicolás Maduro aprobó el 15 de octubre la asignación de una mina de oro “productiva” a cada una de las gobernaciones “bolivarianas” de Venezuela.

Desde hace 10 años, Amazonas vive un proceso descontrolado de minería ilegal, cuyo escenario principal es la zona del parque nacional Yapacana, donde confluyen muchos elementos nocivos para la naturaleza y para los pueblos indígenas que habitan en esa región. También se ha visto afectadas áreas del municipio Alto Orinoco, perturbando comunidades del pueblo yanomami.

Todo esto ocurre en pleno conocimiento de las autoridades civiles y militares del país, las cuales omiten ejercer su responsabilidad en el problema, todo ello pese a que existe el decreto N° 269 publicado el 19 de junio de 1989 que prohíbe la explotación minera en el estado Amazonas. (Prensa Kapé Kapé)